Una jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años que se encontraba alcanzado por la reciente normativa.
La resolución judicial se convirtió en una de las primeras decisiones de alto impacto vinculadas a la nueva legislación impulsada a nivel nacional, que redujo la edad de imputabilidad y generó un intenso debate entre especialistas, organismos de derechos humanos, sectores políticos y representantes del Poder Judicial.
En su fallo, la magistrada consideró que la aplicación de la norma presentaba objeciones constitucionales y resolvió dejar sin efecto el proceso contra el menor involucrado. La decisión reabre la discusión sobre la validez jurídica de la ley y podría tener repercusiones en otras causas similares.
El nuevo Régimen Penal Juvenil había sido sancionado con el objetivo de modificar el sistema de responsabilidad penal para menores de edad, una iniciativa que desde su presentación recibió apoyos y críticas de distintos sectores de la sociedad.
Especialistas en derecho penal y constitucional anticipan que la cuestión podría continuar en instancias judiciales superiores, donde se definirá el alcance de la medida adoptada por la jueza porteña.
Mientras tanto, el fallo volvió a instalar en la agenda nacional el debate sobre la edad de imputabilidad, la responsabilidad penal juvenil y las herramientas que el Estado debe aplicar frente a los delitos cometidos por menores de edad.