Luego de que el Gobierno nacional decidiera retirar del Senado el capítulo sobre extranjerización de tierras, continúan en debate varios aspectos centrales de la Ley de Tierras, una normativa que busca actualizar el marco legal sobre el uso, control y administración del territorio en zonas rurales y estratégicas del país.
Si bien el punto más polémico —la flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros— quedó fuera del texto, legisladores y especialistas remarcan que aún persisten temas sensibles que deberán resolverse en el Congreso. Entre ellos se destacan los criterios de uso productivo, los mecanismos de fiscalización estatal, la protección de zonas de interés ambiental y la regulación de superficies máximas para evitar concentraciones excesivas.
El retiro del capítulo más controvertido busca destrabar la discusión legislativa y permitir que avance el análisis del resto de la ley, aunque distintos bloques anticiparon que pedirán precisiones sobre cómo se garantizará la soberanía territorial y el control sobre áreas estratégicas.
La oposición sostiene que la normativa debe asegurar transparencia y evitar cualquier tipo de vacíos legales que permitan maniobras especulativas. En tanto, sectores del oficialismo remarcan que es necesario modernizar el marco regulatorio para promover inversiones sin comprometer el control estatal.
El debate continuará en comisiones, donde se espera la participación de especialistas en derecho agrario, organizaciones rurales y representantes provinciales.