El Tribunal Superior de Justicia confirmó que la Provincia de Córdoba deberá afrontar un pago superior a $222 millones en concepto de indemnización, luego de determinar que existieron demoras injustificadas en el trámite de una causa por abuso sexual ocurrida en la región de Traslasierra.
El fallo señala que la víctima sufrió un perjuicio directo por la extensa dilación procesal, que prolongó durante años la resolución del expediente y afectó su derecho a obtener justicia en un plazo razonable. La sentencia establece que el Estado provincial es responsable por el funcionamiento deficiente del servicio judicial en ese período.
La indemnización incluye daño moral, daño psicológico y otros conceptos vinculados al impacto que generó la demora en la vida de la víctima. El monto actualizado supera los $222 millones, cifra que deberá ser afrontada por la Provincia una vez cumplidos los plazos administrativos correspondientes.
El caso vuelve a poner en debate la necesidad de agilizar los procesos judiciales, especialmente en causas de violencia y delitos sexuales, donde la demora afecta directamente a las personas que buscan reparación y acompañamiento institucional.