La Justicia federal avanza en el proceso de decomiso de bienes relacionados con causas de presunta corrupción durante gestiones anteriores, y uno de los puntos bajo análisis es el departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
El procedimiento forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal para recuperar activos que, según las investigaciones, habrían sido adquiridos mediante maniobras ilícitas. En este marco, el inmueble mencionado quedó bajo la lupa para determinar si corresponde su incorporación al patrimonio estatal.
El avance del decomiso se enmarca en causas donde se investigan presuntos retornos, lavado de activos y direccionamiento de obra pública, procesos que continúan en distintas instancias judiciales. Según el análisis de los fiscales, existen elementos que justifican profundizar la trazabilidad patrimonial de bienes asociados a los imputados.
La defensa de la expresidenta sostiene que el inmueble tiene origen lícito y que no existen fundamentos para su decomiso, mientras que la Justicia continúa evaluando documentación, peritajes y movimientos financieros vinculados a la causa.
El proceso aún se encuentra en etapa de análisis y no hay una resolución definitiva.