El avance de la investigación por el femicidio de Rocío Gómez, ocurrido en Santa María de Punilla, abrió un nuevo frente de controversia institucional y política. En las últimas horas, el juez de Control Carlos Moyano Centeno quedó en el centro de cuestionamientos luego de que trascendieran denuncias y críticas públicas sobre su actuación en causas previas vinculadas a violencia de género.
Según la información difundida, distintos sectores políticos y organizaciones sociales señalaron presuntas irregularidades y decisiones controvertidas del magistrado en expedientes anteriores, lo que reavivó el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de mayor rigor en casos de violencia familiar y de género.
El femicidio de Rocío Gómez —por el cual permanece detenido su pareja, quien ya tenía antecedentes por violencia y amenazas— generó una fuerte conmoción en la región y puso bajo análisis el accionar de distintos actores institucionales. En este contexto, las críticas hacia Moyano Centeno se suman a pedidos de revisión de procedimientos y de mayor articulación entre fiscalías, juzgados y organismos de protección.
Mientras tanto, la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Jorgelina Gómez, continúa encabezando la investigación y ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas pericias complementarias y análisis de comunicaciones. El informe de autopsia, incorporado recientemente, reforzó la imputación contra el acusado.
Organizaciones sociales y referentes políticos reclamaron que el caso avance con celeridad y transparencia, y que se evalúe la actuación de todos los funcionarios involucrados en procesos previos que podrían haber prevenido el desenlace.
El expediente sigue en desarrollo y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días.