El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del cobro de la atención médica a extranjeros no residentes, una medida que establece nuevos criterios para el acceso al sistema público de salud por parte de personas que no tengan domicilio legal en el país. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y ya comenzó a generar repercusiones en distintos sectores.
La normativa determina que los extranjeros que ingresen al país sin residencia y requieran atención médica deberán abonar los costos del servicio, salvo en casos de urgencias o situaciones que impliquen riesgo de vida, donde la asistencia seguirá siendo gratuita. El esquema contempla aranceles específicos y la posibilidad de convenios bilaterales con otros países para garantizar reciprocidad en la prestación.
Según lo establecido, los hospitales y centros de salud deberán aplicar un sistema de categorización que diferencie a turistas, personas en tránsito y extranjeros con residencia temporaria o permanente. La medida busca ordenar el acceso al sistema y evitar sobrecargas en la infraestructura sanitaria, especialmente en provincias fronterizas donde se registra alta demanda.
Desde el ámbito sanitario se analizan los alcances de la reglamentación, mientras que organizaciones sociales y referentes del sector salud expresaron distintas posturas sobre su implementación. La medida forma parte de un paquete de políticas orientadas a reorganizar el funcionamiento del sistema público y su financiamiento.
La reglamentación ya está vigente y se espera que las provincias definan los mecanismos operativos para su aplicación.