El Gobierno nacional dispuso la eliminación de los subsidios al transporte destinados a personas con discapacidad y a niños y adolescentes en tratamiento oncológico, una medida que generó fuerte preocupación en organizaciones, familias y entidades vinculadas a la salud y la inclusión.
La decisión implica que estos grupos dejarán de contar con la cobertura estatal para traslados en servicios de transporte público y transporte especial, un beneficio que históricamente garantizaba el acceso a consultas médicas, tratamientos, rehabilitación y actividades esenciales.
Diversas asociaciones advirtieron que la medida podría afectar de manera directa la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes pediátricos con cáncer que requieren traslados frecuentes a centros de alta complejidad. También remarcaron que las personas con discapacidad dependen en muchos casos del transporte subsidiado para asistir a terapias, escuelas especiales y controles médicos.
La decisión se enmarca en el proceso de recorte y reestructuración de partidas nacionales. Mientras tanto, familias y organizaciones solicitaron que el Gobierno revise la medida y restituya los subsidios, al considerar que se trata de un derecho básico vinculado a la salud y la accesibilidad.
La situación continúa generando repercusiones en todo el país.