La Iglesia Católica en Argentina expresó un contundente rechazo a la nueva Ley de Propiedad Privada impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que la normativa “atenta contra la soberanía” y podría generar un impacto negativo en sectores vulnerables y en el acceso equitativo a la tierra. El pronunciamiento se conoció a través de un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal, que rápidamente generó repercusión política y social.
Según la postura eclesiástica, la ley introduce modificaciones profundas en los mecanismos de regulación territorial, habilitando procesos de privatización y transferencia de tierras que, a juicio de la Iglesia, podrían favorecer la concentración en manos de actores económicos con mayor poder adquisitivo. En el documento, los obispos advierten que la normativa “no contempla adecuadamente el interés común” y que podría debilitar la capacidad del Estado para intervenir en situaciones que comprometan recursos estratégicos o zonas de valor ambiental.
El mensaje también subraya la preocupación por el posible avance de proyectos inmobiliarios o productivos que, bajo el nuevo marco legal, tendrían mayores facilidades para adquirir terrenos actualmente protegidos o destinados a comunidades rurales. La Iglesia remarcó que la tierra “no puede ser tratada únicamente como un bien comercial”, sino como un recurso que debe garantizar condiciones de vida dignas y desarrollo sostenible.
El pronunciamiento generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. Mientras algunos dirigentes valoraron la advertencia de la Iglesia como un llamado a revisar aspectos sensibles de la ley, otros cuestionaron la intervención eclesiástica en un debate que consideran estrictamente institucional y legislativo. Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la normativa busca “modernizar el sistema de propiedad” y promover inversiones, aunque evitaron responder directamente a las críticas.
En medio de la controversia, organizaciones sociales y ambientales respaldaron la postura de la Iglesia y anticiparon que podrían impulsar acciones para solicitar la revisión de la ley. El debate continúa abierto y se espera que en los próximos días surjan nuevas posiciones de actores involucrados en la gestión territorial y en la defensa de los recursos naturales.