El Gobierno de Córdoba decidió intervenir de manera directa para evitar que se concrete un paro total en el Poder Judicial, luego de que los trabajadores anunciaran una medida de fuerza en reclamo por mejoras salariales y actualización de ítems que consideran atrasados frente al proceso inflacionario. La tensión se profundizó en los últimos días, cuando el gremio confirmó que avanzaría con un cese de actividades que afectaría el funcionamiento de tribunales en toda la provincia.
La Provincia convocó a representantes del sector para abrir una instancia de diálogo urgente, con el objetivo de desactivar la medida y garantizar la continuidad del servicio de justicia. Según trascendió, el Gobierno busca acercar posiciones y evitar que el conflicto derive en una paralización prolongada que impacte en audiencias, trámites administrativos y atención al público.
El reclamo de los trabajadores se centra en la necesidad de una recomposición salarial que refleje la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. Desde el gremio sostienen que los incrementos otorgados no alcanzan para cubrir la suba del costo de vida y que existen ítems que no han sido actualizados pese a los compromisos asumidos en negociaciones anteriores. La situación generó malestar entre los empleados judiciales, que advierten que la medida de fuerza podría profundizarse si no se presentan propuestas concretas.
En paralelo, autoridades del Poder Judicial manifestaron preocupación por el impacto que tendría un paro total en el funcionamiento de los tribunales, especialmente en causas sensibles y procesos que requieren continuidad. La Provincia, por su parte, remarcó la importancia de sostener el diálogo y evitar que el conflicto escale, al tiempo que evalúa alternativas para atender parte de los reclamos sin comprometer el equilibrio financiero.
Mientras continúan las conversaciones, el clima sigue siendo de incertidumbre. El gremio mantiene su postura y espera una oferta que considere “razonable y acorde a la realidad económica”, mientras que el Gobierno insiste en que la prioridad es garantizar el servicio de justicia y evitar perjuicios a la ciudadanía.