La Cámara de Diputados comenzó el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto impulsado por el Gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y modificar el sistema de responsabilidad penal para menores.
La iniciativa plantea un esquema con penas diferenciadas, medidas socioeducativas y un procedimiento especial para adolescentes involucrados en delitos graves. También incorpora cambios en la intervención de la Justicia, los plazos procesales y los mecanismos de acompañamiento estatal.
Mientras la discusión avanzaba en comisiones, distintos bloques expresaron posturas contrapuestas: sectores oficialistas sostienen que la reforma busca actualizar un sistema considerado obsoleto, mientras que legisladores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten que podría criminalizar aún más a la juventud y no aborda las causas estructurales de la violencia.
El debate continuará en las próximas jornadas, en un contexto de fuerte atención pública y movilizaciones en rechazo a la iniciativa.