La Justicia Federal dispuso el mayor decomiso económico por corrupción en la historia argentina, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
La medida alcanza bienes y activos valuados en más de 1.000 millones de dólares, que deberán ser restituidos al Estado Nacional. El fallo fue emitido por el Tribunal Oral Federal N°2, que consideró probado el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez durante los gobiernos kirchneristas.
El decomiso incluye propiedades, vehículos, cuentas bancarias y empresas vinculadas a los acusados. Se trata de una resolución inédita en el país, tanto por el monto como por la magnitud de los bienes afectados.
La decisión judicial marca un precedente en materia de recuperación de activos provenientes de delitos de corrupción y refuerza el debate sobre la transparencia en la administración pública.